19 de octubre: Gran Manifestación

Porque la vivienda es un derecho, no una mercancía. Los intereses de los especuladores no deberían primar sobre el derecho de los ciudadanos a vivir en condiciones dignas. 

No es de recibo que la gente tenga que abandonar la ciudad en la que trabajan, en la que está escolarizados sus hijos, en la que viven sus padres mayores a los que cuidan, en la que tienen cerca servicios especiales para hijos discapacitados, etc., sólo para que unos señoros riquísimos obtengan pingües beneficios  que aumenten más aún su riqueza.

La constitución nos habla de la función social de la propiedad, lo cual es especialmente cierto cuando se trata de la propiedad de una vivienda. La función social de la vivienda es dar cobijo: techo, seguridad y confort frente a las inclemencias climáticas. Hay otros aspectos de la vida que requieren igual protección, como el derecho a una alimentación saludable, a un entorno saludable, a la salud física y mental, etc. Y no es de recibo que el acceso a la vivienda condicione todo lo demás, al acaparar la casi totalidad de los recursos (sueldo, tiempos de desplazamiento, etc.) hipotecando vida y salud de las personas más vulnerables (las que tienen sueldos bajos y trabajos precarios, los ancianos, las familias con discapacitados a su cargo, etc.).